UNA EXPROPIACIÓN DEJA EN EL AIRE CASI CIEN EMPLEOS EN UN POLÍGONO DE ALZIRA

Una sentencia, recurrida por el Ayuntamiento, obliga a que la Unidad de Ejecución R quede inutilizada

 

Los afectados por la expropiación de unos terrenos en el Polígono R, de Alzira, piden que se derriben 16 naves que se encuentran en la zona industrial y en las que trabajan casi cien personas. "Lo único que queremos es que nos devuelvan nuestros terrenos, sólo pedimos que la zona afectada vuelva a estar como antes. Lo que supone que se derriben las 16 naves de este polígono que se construyeron después del pleno de julio de 1997", aseguró a LAS PROVINCIAS Miguel Ángel Zayas, uno de los afectados por la expropiación.

El anterior equipo de gobierno (PSPV) propuso una indemnización para estos propietarios que no aceptaron por "no estar de acuerdo con la cantidad, ya que nos pagaban el metro cuadrado a 6 ó 7 euros y ellos lo vendieron a más de 20.000 euros. No nos dieron otra opción, entraron las máquinas en nuestros campos de un día para otro", comentó Zayas.

Recurso contra el Ayuntamiento

Ante esta situación, los tres afectados, dos particulares y una empresa, que eran propietarios de más del 50% de la superficie, interpusieron un recurso contencioso contra el Ayuntamiento. En éste, solicitaban la anulación del acuerdo tomado por los socialistas en el pleno del 29 de julio de 1997, en el que se aprobó la urbanización de la Unidad de Ejecución R y la adjudicación de las obras a la empresa Agrofracá. De esta forma, una sentencia de 2003 obliga a que el Polígono R, más conocido como el Polígono de Bodegas Pérez quede inutilizado.

"Por el momento, el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) nos ha dado la razón, por lo que obliga a que estos terrenos vuelvan a su origen", explicó Zayas.

Por su parte, el Ayuntamiento alcireño recurrió esta sentencia el pasado junio alegando "imposibilidad física y jurídica de ejecución, ya que las obras de urbanización se hallaban prácticamente concluidas", según el auto del 17 de octubre del TSJCV, que desestimó la petición del Consistorio y falló a favor de los tres afectados.

Ante este rechazo, el actual equipo de gobierno (PP) ha presentado un recurso de súplica ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal.

"Durante el pleno del 25 de octubre decidieron recurrir este auto, ya que Bastidas alega que lo tiene que recurrir porque es un recurso que viene del anterior equipo de gobierno", afirmó uno de los afectados por esta expropiación.

Respecto a esta situación, Zayas comentó que el Ayuntamiento "no para de recurrir este recurso, porque si se cumple la sentencia la administración local se enfrentará a 16 contenciosos, presentados por los dueños de las naves que van a tener que tirar al suelo".

Miguel Ángel Zayas aseguró a este periódico que desde el "9 de junio que pedimos cita para hablar con Elena Bastidas, no sabemos nada de ella. Ni nos recibe ni se ha puesto en contacto con ninguno de los tres propietarios, aunque ella dice que ha hablado con uno de los afectados". Y añadió: "¿Cómo puede ser que con nosotros la alcaldesa esté de esta manera y haya otras sentencias, como la de un constructor famoso en Alzira, que nada más que se gana la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia indemnizan? Que intente ser justa".

"Trato favorable para todos"

Debido a este caso, los propietarios afectados por la expropiación de los terrenos de esta zona industrial piden a Bastidas que trate a "todos los ciudadanos por igual y que defienda del mismo modo los intereses de todos los alcireños". Por otra parte, Zayas manifestó que antes del mes de junio "intentamos llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno, pero no facilitaron nada".

Otro de los propietarios afectados por la construcción de estas naves es la empresa Bodegas Pérez, que está ubicada en este recinto industrial, aunque no se encuentra en la zona que podría quedar inutilizada, ya que se construyó antes de la celebración del pleno de 1997, que se pretende anular con la sentencia dictada por el Supremo.

Según Miguel Ángel Zayas, a esta empresa "le han quitado 5.000 o 6.000 metros cuadrados de terreno para construir las nuevas naves. Del mismo modo que nos ha sucedido a nosotros, Bodegas Pérez no ha recibido nada, sino que ha tenido que pagar los costes de urbanizar".

Estos tres afectados esperan que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana falle a favor de ellos, una vez más, y puedan volver a ser los propietarios de los terrenos por los que llevan luchando desde hace once años.

Carmen Cerveró

 

Publicado con autorización de LAS PROVINCIAS, delegación de la Ribera.

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